La Mesa de la Propiedad ya es una realidad. En el marco de una jornada organizada por FAFCYLE/COSE y dentro del Grupo Operativo PROMINIFUN, representantes de todos los sectores involucrados con la propiedad forestal se reunieron el pasado día 30 de julio en León para poner en marcha la Primera Mesa de la Propiedad de España, un foro destinado a poner en valor el territorio forestal.
“Es una necesidad del sector, que servirá para despertar el interés de sus propietarios –introdujo Patricia Gómez Agrela, gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)-. Queremos ser una herramienta que contribuya a resolver el problema de la despoblación en el medio rural, pues este problema está en el centro de todos los males de la propiedad forestal y de los problemas que afectan a los montes, el más importante el de los incendios forestales”.
La mitad de la superficie de nuestro país es forestal y de ésta, el 67% es privado o de gestión privada. Y una buena parte está abandonada principalmente por la falta de rentabilidad y otros problemas asociados como la dispersión y atomización de los terrenos forestales, los largos turnos de producción, los abundantes riesgos a los que están sometidos los montes (catástrofes naturales, incendios, plagas…) y los largos periodos de recuperación de la inversión.
A estos problemas se suma el olvido de las administraciones, desde la falta de una Política Forestal Común, el exiguo porcentaje que va destinado a lo forestal en la PAC o la indiferencia hacia el sector económico forestal por parte de las administraciones nacionales y regionales en el pacto de reconstrucción tras la pandemia ocasionada por la Covid-19. En este sentido, una de las primeras conclusiones a las que se llegó en esta primera reunión histórica fue solicitar a la PAC nuevas ayudas para la organización de la propiedad forestal.
“Trabajar para resolver estos problemas es uno de los principales objetivos de la Mesa de la Propiedad”, añadió Olga González, gerente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), uno de los impulsores de esta iniciativa junto a COSE, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España.
Además de estas dos organizaciones, que reúnen a más de 30.000 propietarios y selvicultores, participan en la iniciativa la Fundación CESEFOR, ASFOLE (Asociación Forestal de León), ASFOSE (Asociación Forestal de Segovia), PROFOAS (Asociación de Propietarios Forestales de Asturias), la Junta de Castilla y León, el Principado de Asturias, Agresta Sociedad Cooperativa, la Asociación Profesional de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública; el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, las asociaciones de castañicultores y la Universidad de Vigo. A estas entidades se irán uniendo más actores con intereses comunes y con impulso para revitalizar el sector forestal y, con ello, para mitigar el abandono rural.
PROBLEMA BASICO: EL MINIFUNDIO
El objetivo de PROMINIFUN, que bebe de financiación nacional y europea, es la recuperación, puesta en valor y dinamización de las áreas de minifundio en el medio rural forestal mediante el desarrollo de soluciones innovadoras en la gestión del territorio, que permitan dar respuesta a los problemas derivados de su abandono.
En España existen 47 millones de hectáreas de suelo rústico; la extensión media de las propiedades es de 1,2 Ha. “Así es muy difícil profesionalizar la gestión del territorio –expresó Roberto Rubio, jefe del área forestal de la Fundación Cesefor-. La consecuencia normal de esta situación es el abandono”.
Según COSE, el 50% de los propietarios forestales privados poseen superficies menores de 5 hectáreas. “Castilla y León tiene un gran minifundio forestal –apuntó Olga González, gerente de FAFCYLE-. Son 600.000 hectáreas, para 650.000 propietarios, es decir, el tamaño medio de las fincas es de 0,9 Ha. No saber con claridad quién es el propietario de un monte imposibilita la puesta en valor del mismo, ahuyenta las inversiones y conduce al abandono del territorio”.
“Existen multitud de iniciativas para paliar los problemas del minifundio a nivel estatal, autonómico y local –apuntó Manuel Rojo, representante de la Asociación Profesional de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública-. Necesitamos aumentar su eficacia, así como definir un enfoque integrado, a nivel nacional y europeo”.
“Existen herramientas legales a nuestro alcance para intentar alcanzar una gestión enfocada a la concentración parcelaria”, aseguraba en su intervención Carolina Barrio, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El evento se completó con el relato de experiencias prácticas de gestión agrupada, que han tenido éxito o están en curso en Asturias, Castilla y León y Galicia. “El minifundismo es un problema que hay que solucionar –concluyó Dictinio Belloso, jefe de servicio de montes en Asturias-. Sólo en un monte rentable desaparece el problema de la propiedad”.
